Implementación de la Ley IVE y Salud Sexual en la provincia de  Corrientes

Obstáculos para acceder a métodos anticonceptivos y falta de información en hospitales públicos y zonas rurales

La Fundación Derechos Humanos Equidad y Género (FunDheg) presentó en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste los resultados del Monitoreo sobre el estado de implementación de las Leyes Nacionales N° 25.673 (Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable) y N° 27.610 (Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo) en la provincia de Corrientes.

El informe expone datos tales como: el 45% de las usuarias encuestadas atravesó obstáculos para acceder a métodos anticonceptivos, el 24,3% señaló falta de insumos y el 9,9% falta de turnos en el sistema público. Además, el 85,6% manifestó que necesita más información sobre métodos anticonceptivos, especialmente en relación a efectos secundarios y efectividad. Estos y otros indicadores, relevados en hospitales, CAPS y zonas rurales, reflejan una brecha persistente entre los derechos reconocidos por ley y su implementación efectiva en el territorio.

El trabajo fue desarrollado en el marco del proyecto “Más Mujeres, Más Democracia”, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y liderado por 3 organizaciones FunDheg (Corrientes), Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) (Bs. As.) y Fundación Siglo 21 (Jujuy).

La actividad reunió a autoridades de salud provincial y municipal, legisladores nacionales y provinciales, equipos técnicos, referentes territoriales y organizaciones sociales comprometidas con la garantía de derechos. La presentación estuvo a cargo de la directora ejecutiva de la Fundación, Dra. Diana Cabral, junto a la estudiante avanzada de Derecho y voluntaria de la organización, Aleila Frete, quienes compartieron los principales hallazgos del relevamiento realizado durante los últimos meses.

Un informe construido desde el territorio

El documento sistematiza información obtenida mediante entrevistas, encuestas y observación directa en hospitales públicos, Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y territorios rurales de la provincia. El monitoreo recoge tanto la voz de usuarias del sistema de salud como la del personal sanitario, aportando una mirada integral sobre las condiciones reales de acceso a la salud sexual y reproductiva.

Barreras de acceso y desigualdades persistentes

El 45% de las usuarias encuestadas manifestó haber experimentado obstáculos para acceder a métodos anticonceptivos. Las principales barreras identificadas fueron la falta de insumos (24,3%) y la falta de turnos (9,9%) en los servicios públicos. Estos datos evidencian que el reconocimiento formal del derecho no garantiza por sí mismo su ejercicio efectivo.

En cuanto al uso de métodos anticonceptivos, el relevamiento indicó que el 39,2% utiliza anticonceptivos orales y el 44,3% preservativo de pene. Un 21,5% señaló emplear dos o más métodos de manera simultánea. Sin embargo, preocupa que el grupo etario de 14 a 16 años sea el que menos reportó uso (37,5%), observándose un aumento progresivo a medida que avanza la edad, incluido el uso de doble método. Esta brecha expone la necesidad de fortalecer estrategias específicas dirigidas a adolescentes.

El monitoreo también reveló déficits en el acceso a información clara y suficiente. Un porcentaje significativo de personas encuestadas refirió contar con conocimientos básicos o insuficientes sobre los distintos métodos anticonceptivos, situación que se profundiza en zonas rurales. En este contexto, el 85,6% manifestó su deseo de recibir más información.

Los tres aspectos más demandados fueron: efectos secundarios, efectividad de los métodos y orientación sobre cuáles resultan más adecuados según diferentes necesidades. La demanda de información aparece como un reclamo estructural frente a un sistema que no logra garantizar acompañamiento integral y continuo.

Implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en la provincia de Corrientes.

Según el monitoreo realizado por FUNDHEG en 2024-2025, la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en la provincia de Corrientes evidencia un proceso de centralización y retroceso respecto a años anteriores: mientras que en 2023 existían 28 efectores garantizando la práctica, actualmente solo se identificaron 19 efectores activos en todo el territorio provincial, concentrándose la atención en la capital en apenas 2 salas municipales de atención primaria (que no funcionan todos los días) y tres hospitales de segundo nivel (Materno Neonatal "Eloísa Torrent de Vidal", "Ángela I. de Llano" y la Unidad de Medicina Familiar de la UNNE), sin ningún CAPS provincial realizando la práctica en la ciudad de Corrientes.

El estudio revela además que solo el 4,5% de las usuarias encuestadas sabía que en su centro de salud cercano se otorgan turnos para IVE, el 3,6% conocía que se brinda medicación, y el 58,6% desconocía completamente la disponibilidad del servicio, evidenciando una brecha crítica entre la normativa vigente y su implementación efectiva, agravada por el desabastecimiento por parte del gobierno nacional de misoprostol y mifepristona (con caída del 100% en distribución nacional en 2024) y la ausencia de conocimiento sobre el protocolo nacional en el 63,6% del personal encuestado.

A esta situación se suma que, incluso en aquellos establecimientos donde se reporta el uso de protocolo, la información no se encuentra disponible de manera visible, clara ni accesible para las personas usuarias ni, en algunos casos, para los propios equipos de salud. Esta combinación de ausencia de conocimiento de la norma y falta de accesibilidad operativa constituye una barrera concreta para el ejercicio del derecho, ya que incrementa la discrecionalidad en la atención, genera incertidumbre en las usuarias y puede derivar en demoras o derivaciones innecesarias.

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Entre los principales ejes analizados en el informe también se encuentran:

* Acceso a métodos anticonceptivos.

* Información disponible para la población.

* Implementación efectiva de la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo.

* Condiciones institucionales y recursos del sistema de salud.

* Barreras territoriales y desigualdades en zonas rurales y periurbanas.

Los resultados evidencian un ajuste sostenido en el área de salud sexual y reproductiva, sumado al aumento de brechas significativas entre el reconocimiento formal de los derechos y su aplicación concreta en el territorio.

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Hacia una agenda de incidencia

Como cierre del encuentro, se propuso la conformación de una Mesa de Articulación intersectorial que permita diseñar estrategias conjuntas para fortalecer el acceso efectivo a la salud sexual y reproductiva de mujeres y diversidades en la provincia.

Desde la organización señalaron que el objetivo del monitoreo no es únicamente diagnosticar, sino generar incidencia pública y política para mejorar la implementación de las leyes vigentes.

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“El tiempo de actuar es ahora. Sin autonomía reproductiva no hay políticas de cuidado ni igualdad de género”, destacaron durante la jornada.

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Los resultados completos del informe ya se encuentran disponibles para consulta pública. Las recomendaciones están sobre la mesa. El desafío es claro: transformar los derechos escritos en políticas efectivas que lleguen a cada hospital, a cada CAPS y a cada comunidad rural de Corrientes.

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La Fundación reafirma su compromiso de continuar trabajando para que la salud sexual y reproductiva deje de ser una promesa normativa y se convierta en una garantía real en todo el territorio provincial.