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Fundheg expuso en la Embajada de España las brechas en la implementación de las leyes de salud sexual y de IVE en Corrientes
Un monitoreo sobre la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable y la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo revela obstáculos institucionales y territoriales en la provincia.
Fundheg presentó en la Embajada de España en Argentina los resultados preliminares de un monitoreo sobre la implementación de la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable (Ley 25.673) y la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (Ley 27.610) en la provincia de Corrientes. El relevamiento advierte faltantes críticos de insumos —con una caída del 64 % en la provisión nacional— y barreras persistentes para el acceso a la IVE/ILE, especialmente en territorios rurales y alejados de los centros urbanos.
La actividad se desarrolló junto al Embajador de España, el Coordinador regional de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), y con la participación de ELA y Fundación Siglo XXI, consolidando un espacio de diálogo entre sociedad civil, cooperación internacional y actores institucionales.
¿Qué estamos observando?
El monitoreo analiza cómo se aplican en la práctica estas leyes fundamentales para garantizar los derechos sexuales y reproductivos en Corrientes. Los hallazgos muestran una brecha persistente entre el marco normativo y el acceso real a derechos.
Entre los principales resultados se identifica una caída del 64 % en la entrega nacional de insumos de salud sexual, con reducciones extremas en implantes anticonceptivos (-94,5 %) y períodos sin provisión de insumos para IVE. A esto se suman obstáculos institucionales, resistencias culturales, debilidades en la organización de los servicios y una marcada falta de información pública.
Los datos relevados indican que el 36,9 % de las personas encuestadas no utiliza ningún método anticonceptivo, que más del 53 % enfrentó barreras de acceso, y que el desconocimiento sobre derechos es generalizado: solo el 20,7 % sabe que el aborto es legal en Argentina, mientras que más del 90 % desconoce si su centro de salud realiza prácticas de IVE/ILE. En tanto que otras causas agudizan esta problemática como la falta de insumos (60%) y la objeción de conciencia y derivaciones tardías.
¿Por qué es importante?
Porque en Corrientes persisten altos índices de embarazo no intencional en la adolescencia, dificultades sostenidas para acceder a métodos anticonceptivos y barreras concretas para el ejercicio efectivo de la IVE/ILE. Estas condiciones profundizan las desigualdades sociales y territoriales, incrementando los riesgos sanitarios, especialmente en zonas rurales y alejadas de los centros urbanos.
Frente a este escenario, la sociedad civil cumple un rol clave al producir evidencia, visibilizar las brechas en la implementación de políticas públicas y promover acciones que garanticen el acceso equitativo a los derechos sexuales y reproductivos.
Sobre el monitoreo
El monitoreo se realiza en el marco del proyecto “Más Mujeres, Más Democracia” y se basa en una metodología mixta que incluyó entrevistas a actores clave, encuestas a 111 usuarias y personas LGBTI+, relevamientos a equipos de salud de hospitales y centros de atención primaria, y solicitudes de acceso a la información pública.
El objetivo es analizar la implementación real de ambas leyes, identificar brechas críticas y elaborar recomendaciones orientadas a fortalecer las capacidades institucionales, garantizar la provisión de insumos y mejorar el acceso a información clara y oportuna, especialmente para adolescentes y poblaciones en contextos de mayor vulnerabilidad.
Agradecemos a AECID, ELA y Fundación Siglo XXI por el trabajo conjunto, y a la Embajada de España en Argentina por abrir este espacio de intercambio que contribuye a profundizar el debate y avanzar hacia políticas públicas más justas e igualitarias.
Seguimos trabajando para que los derechos sexuales y reproductivos sean una realidad en todo el territorio.

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