Aborto en Argentina: FUNDHEG llevó su experiencia territorial sobre acceso y derechos a la conferencia ARJC en Nairobi

La organización participó de la Conferencia sobre Aborto y Justicia Reproductiva, donde compartió los obstáculos y estrategias construidos desde el territorio argentino para garantizar el acceso al aborto seguro

En Argentina, el derecho al aborto está reconocido por la Ley 27.610, pero las condiciones para ejercerlo enfrentan nuevos obstáculos. En este escenario, FUNDHEG participó en Nairobi, Kenia, de la quinta edición de la Conferencia sobre Aborto y Justicia Reproductiva (ARJC), donde más de 900 activistas y organizaciones de distintos continentes analizaron las barreras de acceso al aborto, los retrocesos en derechos sexuales y reproductivos y las estrategias para sostener y ampliar la justicia reproductiva.

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Organizada por MAMA Network (Mobilizing Activists around Medical Abortion), una red que reúne a organizaciones y activistas africanas comprometidas con el acceso al aborto seguro y el aborto autogestionado.

El encuentro permitió poner en común experiencias y estrategias provenientes principalmente de África, pero también de América Latina y el Caribe, Europa y Asia.

Entre las organizaciones participantes estuvieron IPPF, SAAF, IPAS, Women Help Women, Red Compañera, CLACAI, ELA y Profamilia.

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El acceso al aborto, entre los avances y los retrocesos.

Uno de los principales ejes de la conferencia fue analizar las dificultades que todavía enfrentan millones de personas para acceder a servicios de aborto seguros, oportunos y de calidad, incluso en contextos donde existen marcos legales que reconocen este derecho.

También se trabajó sobre el fortalecimiento de las redes y movimientos existentes, los retrocesos en materia de derechos sexuales y reproductivos, las barreras de acceso, el aborto autogestionado y desmedicalizado y la necesidad de avanzar hacia modelos de atención centrados en las personas.

La discusión adquiere particular relevancia para América Latina y el Caribe. Según estimaciones del Instituto Guttmacher, durante 2015–2019 se produjeron anualmente alrededor de 3,68 millones de abortos en América del Sur, mientras que 7,92 millones de embarazos fueron no intencionales. En ese período, el 46% de los embarazos no intencionales de América del Sur terminaron en aborto.

Estos datos muestran que el acceso al aborto no puede analizarse únicamente desde la legislación. Las condiciones económicas, territoriales y sociales, la disponibilidad de servicios de salud, el acceso a información y medicamentos y las prácticas institucionales también determinan la posibilidad real de ejercer este derecho.

América Latina: una región atravesada por profundas desigualdades.

La situación regional continúa siendo heterogénea. Si bien durante los últimos años varios países latinoamericanos avanzaron en la ampliación del acceso al aborto, persisten importantes restricciones y desigualdades.

Las estimaciones disponibles muestran que en América Latina y el Caribe el aborto continúa siendo una realidad frecuente. Para 2015–2019, Guttmacher estimó 3,68 millones de abortos anuales solamente en América del Sur. A su vez, las investigaciones regionales han documentado históricamente una importante incidencia de abortos realizados en condiciones menos seguras y las desigualdades que afectan especialmente a personas de menores recursos y habitantes de zonas rurales.

Por eso, uno de los desafíos planteados durante la ARJC fue cómo transformar los derechos reconocidos formalmente en acceso efectivo, especialmente para quienes enfrentan mayores obstáculos económicos, geográficos, culturales o institucionales.

La ARJC dejó planteado un desafío que atraviesa a los movimientos por la justicia reproductiva en distintas partes del mundo: los avances legales son fundamentales, pero no alcanzan por sí solos para garantizar el acceso efectivo a los derechos.

Fortalecer las redes, compartir conocimientos, identificar las barreras y construir estrategias colectivas son herramientas centrales frente a los retrocesos y las desigualdades que todavía persisten.

Para FUNDHEG, participar de este encuentro significó también reafirmar la importancia de que las experiencias construidas desde los territorios puedan formar parte de las discusiones internacionales sobre salud, autonomía y justicia reproductiva.

Argentina: un derecho conquistado que enfrenta nuevos obstáculos.

En Argentina, la sanción de la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, vigente desde enero de 2021, significó una conquista histórica de los movimientos feministas y de derechos humanos. La norma reconoce el derecho a acceder a una interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 inclusive y a una interrupción legal cuando el embarazo sea producto de una violación o exista peligro para la vida o la salud de la persona gestante. También establece obligaciones para los servicios de salud y garantiza la cobertura integral de la práctica.

Sin embargo, el reconocimiento legal de un derecho no garantiza por sí mismo su ejercicio efectivo. La experiencia de las organizaciones que trabajan en territorio muestra que, en los últimos años, el acceso al aborto en Argentina ha comenzado a enfrentar nuevos obstáculos, en un contexto de retracción de políticas públicas y de debilitamiento de las capacidades del Estado para garantizar derechos sexuales y reproductivos.

Las medidas adoptadas por el Gobierno nacional han tenido un impacto concreto sobre las políticas de salud sexual y reproductiva. La reducción de programas, el desfinanciamiento, las dificultades en la provisión y distribución de insumos y medicamentos y el debilitamiento de las políticas de acompañamiento y acceso afectan de manera desigual a quienes dependen del sistema público de salud. Cuando el Estado retira recursos y capacidades de las políticas que garantizan derechos, las barreras dejan de ser abstractas: aparecen en los centros de salud, en las demoras, en la falta de insumos y en las dificultades que enfrentan quienes buscan acceder a una práctica que la ley reconoce.

Los datos disponibles permiten dimensionar la magnitud de la demanda. Durante 2023 se registraron 107.505 interrupciones voluntarias y legales del embarazo en todo el país. Para 2024, un pedido de acceso a la información pública permitió identificar 79.186 IVE/ILE registradas, aunque con diferencias en el nivel de reporte entre jurisdicciones.

A su vez, un relevamiento basado en información oficial identificó para 2024 578 efectores que realizaron IVE/ILE y registró 36.782 interrupciones informadas al sistema nacional. Esta última cifra debe interpretarse con cautela, dado que algunas jurisdicciones presentaron información parcial o no reportaron datos.

Más allá de las diferencias entre registros, estos datos evidencian que el aborto forma parte de las necesidades concretas de atención de salud de miles de personas en Argentina. Frente a este escenario, garantizar el acceso no puede depender de la voluntad individual de los equipos de salud ni de la capacidad de las organizaciones de suplir las responsabilidades estatales.

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Para FUNDHEG, defender el acceso al aborto implica también defender las condiciones materiales que hacen posible ejercer ese derecho: información clara, medicamentos e insumos disponibles, servicios de salud accesibles, equipos capacitados y políticas públicas sostenidas.

La experiencia de FUNDHEG: territorio, acompañamiento y construcción de acceso

En el marco de la ARJC, FUNDHEG participó de una reunión de IPPF, donde compartió su experiencia de trabajo en la atención y el acceso al aborto en Argentina.

La organización presentó los principales obstáculos que debió afrontar para desarrollar y sostener esta tarea, pero también las fortalezas construidas desde el territorio: el acompañamiento cercano, la articulación con los servicios de salud, el trabajo en red y los aprendizajes acumulados junto a mujeres, adolescentes y personas con capacidad de gestar.

Esta experiencia permitió poner en diálogo una realidad concreta del territorio argentino con las experiencias de organizaciones de África, América Latina y el Caribe, Europa y Asia.

El intercambio en Nairobi reafirmó una convicción que atraviesa el trabajo de FUNDHEG: los derechos sexuales y reproductivos se sostienen con políticas públicas, recursos y redes. Y cuando esas garantías se debilitan, las organizaciones territoriales vuelven a estar allí para acompañar, denunciar las barreras y defender los derechos conquistados.

La justicia reproductiva no consiste solamente en que un derecho figure en una ley. Implica que todas las personas, independientemente de dónde vivan o de sus condiciones económicas, puedan ejercerlo de manera efectiva, segura, digna y autónoma.